Las organizaciones indígenas nacionales que integramos el Pacto de Unidad expresamos nuestro rechazo e indignación ante el cruel asesinato de la sabia shipiba Olivia Arévalo Lomas, defensora de los derechos culturales del pueblo shipibo konibo, perpetrado el 19 de abril. 

Este nuevo crimen evidencia el estado de abandono en el que se encuentran nuestros pueblos indígenas u originarios, en particular nuestros defensores y defensoras ambientales, a quienes arrebatan violentamente la vida por defender nuestro s territorios.

En el contexto actual ser defensor o defensora de la Madre Tierra y de los derechos de los pueblos indígenas representa una actividad peligrosa, dado que en nuestro país no existen los mecanismos necesarios de protección para nuestros líderes y lideresas frente a cualquier situación de riesgo. Ello permite que sigan expuestos y expuestas ante actos de violencia que afectan no solo a la víctima sino también a su familia, toda su comunidad y su pueblo originario.

La Declaración emitida por el Foro de los Pueblos Indígenas, realizada en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, señala la necesidad de contar con un Estado que proteja a los defensores y las defensoras de la Madre Tierra, así como el cese de la criminalización de la protesta y la persecución de nuestros líderes. Porque es obligación de los Estados garantizar la Vida Plena y el Buen Vivir de nuestros pueblos de acuerdo a los convenios y tratados internacionales.

Nuestros pueblos indígenas cumplen un rol fundamental no solo salvaguardando la biodiversidad de nuestro país, sino también transmitiendo y preservando su identidad cultural, prácticas y conocimientos ancestrales a las próximas generaciones, perpetuando así su legado cultural.

Recordemos que el propio presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, en el Foro de los Pueblos Indígenas, recalcó la importancia de contar con la presencia visible y activa de nuestros pueblos para que así haya una verdadera democracia, por esta razón esperamos que dicho discurso se traduzca en políticas públicas que permitan atender las demandas de nuestros pueblos, quienes durante mucho tiempo han estado invisibilizados y discriminados.

Las organizaciones que integramos el Pacto de Unidad exigimos a las autoridades correspondientes realizar las investigaciones pertinentes para hallar a los responsables de tan execrable acto, así como su máxima sanción y la reparación civil a las familiares de nuestra hermana Olivia. No permitamos que este acto quede impune, ahora más que nunca debemos escuchar la voz de nuestros pueblos, y abogar por garantizar sus derechos colectivos que nos corresponden como pueblos originarios.

¡Justicia para Olivia!